El problema parece ser de una magnitud abrumadora. Los elevados costes del alquiler están teniendo graves repercusiones: millones de hogares en España destinan un porcentaje de su renta muy superior al considerado saludable, lo que les deja en una situación económica muy limitada; los jóvenes ven cómo sus posibilidades de independizarse se reducen mes a mes, y las personas con ingresos bajos se ven obligadas a compartir vivienda, ya que la realidad del mercado les impide aspirar a vivir solas.
Muchos de los afectados por el aumento de los precios del alquiler esperan que el mercado les ofrezca algún alivio. Aunque ha habido una leve disminución durante el verano, el panorama sigue siendo preocupante: según datos de Idealista, a finales de septiembre, el precio del alquiler en España era un 10,2% más alto que un año antes.
El precio medio en septiembre fue de 13 euros por metro cuadrado, ligeramente por debajo del récord de 13,4 euros alcanzado en junio, pero significativamente más alto que los 11,8 euros de septiembre del año pasado. A pesar de esta leve pausa en la media nacional, ciudades como Barcelona (22,4 euros/m²), Madrid (20,4 euros/m²), San Sebastián (18,1 euros/m²) y Valencia (14,3 euros/m²) registraron precios récord en septiembre, lo cual es especialmente relevante debido a su densidad demográfica.
Si lo vemos de forma más gráfica: hace un año, alquilar un piso de 80 metros cuadrados costaba 944 euros, mientras que hoy el mismo tipo de vivienda cuesta 1.040 euros, lo que representa un aumento anual de 1.150 euros. En un país donde la renta media de los hogares en 2022 fue de 34.821 euros, muchos ya superan con creces el umbral del 30% de esfuerzo económico que se considera asequible para el alquiler.
En 17 capitales de provincia, al igual que en la media nacional, los precios del alquiler crecieron a doble dígito a cierre de septiembre.
Algunas de las ciudades más caras del país son también las que más incrementos han experimentado, lo que agrava la situación de precariedad en el acceso a la vivienda.
La escasez de oferta responde a múltiples factores, siendo el principal la falta de construcción de viviendas tras la crisis de 2008. Además, según los expertos, las políticas de vivienda del gobierno, que incluyen medidas como la limitación de precios en los contratos de alquiler, desincentivan a los propietarios a ofrecer sus inmuebles en el mercado de alquiler residencial.